Iniciativa de Reforma Fiscal 2026. ¿Y si castigan al que sí cumple?

He estado leyendo la exposición de motivos de la iniciativa para reformar el Código Fiscal de la Federación en 2026 y, sinceramente, hay puntos que preocupan. No porque esté mal combatir a las llamadas EFOS y EDOS (esas empresas que facturan o deducen operaciones simuladas) sino porque, una vez más, parece que en el intento de corregir a unos pocos, podrían terminar afectando a muchos que sí cumplen.

El argumento central de la iniciativa es cumplir con el decreto publicado el 31 de diciembre de 2024, donde se reformó el artículo 19 constitucional para incluir las actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales dentro de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. En otras palabras, si la autoridad te relaciona con una factura falsa, podrías ir a prisión antes siquiera de que un juez determine si eres culpable. Esa sola idea debería hacernos reflexionar, porque aunque la intención sea buena, la ejecución puede ser desastrosa si no se distingue con precisión entre fraude y error.

Según la exposición de motivos, el SAT ha detectado esquemas más sofisticados de evasión y por eso pide nuevas facultades. Entre ellas, poder negar la inscripción al RFC de personas morales cuyos socios o representantes estén vinculados con empresas catalogadas como EFOS o EDOS, verificar si tus comprobantes fiscales amparan operaciones reales, suspender temporalmente tus sellos digitales si considera que usaste comprobantes falsos, e incluso iniciar acciones penales. Hasta ahí, suena como una medida de control razonable… hasta que uno piensa en la realidad de cómo opera la autoridad.

Imaginemos el caso de una empresa pequeña o un profesionista que compra un bien o servicio, lo paga, lo recibe y le emiten factura. Todo en regla, pero resulta que el proveedor no estaba correctamente inscrito ante el SAT, o utilizó otra empresa para facturar. Para la autoridad, ese comprobante puede considerarse falso y ahí empieza el problema, porque el contribuyente que sí cumplió termina señalado como si hubiera participado en una simulación. Le restringen el sello digital, lo revisan, lo sancionan y, en el peor de los casos, podrían tratarlo como delincuente. Todo por una situación que, en muchos casos, ni siquiera depende de él.

La exposición de motivos dice que la finalidad de estas reformas es fortalecer la recaudación y “armonizar” el marco jurídico, pero en el fondo, lo que se percibe es una tendencia a dar más poder a la autoridad sin ofrecer claridad sobre los mecanismos de defensa del contribuyente. Se justifica que las visitas domiciliarias para verificar comprobantes se realizarán solo para comprobar que las operaciones sean reales, sin entrar en temas de impuestos omitidos, aunque, siendo honestos, todos sabemos que el SAT no siempre se limita a lo que dice la ley y si no hay reglas claras, esta nueva facultad puede convertirse en una herramienta para presionar, más que para verificar.

El problema no es la existencia de la medida, sino la falta de criterios definidos. ¿Qué va a considerar el SAT como prueba de que una operación fue real? ¿Una transferencia?, ¿Un contrato?, ¿Una fotografía del producto entregado?, ¿Una simple narración del servicio?, ¿Todo junto?, ¿o qué?... Hasta el momento ¡no hay claridad! y en un país donde las reglas cambian constantemente, los procesos administrativos son lentos y confusos, el riesgo de abusos es alto. Si no se establecen procedimientos objetivos y tiempos razonables de defensa, muchos contribuyentes van a pagar y, desafortunadamente, algunos justos por pecadores.

Otra parte preocupante de la iniciativa es la idea de suspender la facturación desde el inicio del procedimiento, incluso antes de que se resuelva si el comprobante era falso. Eso puede paralizar a una empresa por completo porque si no puede emitir facturas, no puede cobrar y si no puede cobrar, no puede pagar sueldos ni cumplir con otras obligaciones. Imagina el impacto para los pequeños negocios, los que sostienen buena parte del empleo en México. Una reforma que busca castigar la evasión podría terminar asfixiando la economía formal sostenida por las micro, pequeñas y medianas empresas.

¿A qué están orillando estos negocios?, ¿a que tengan que contratar más personal? porque les están cargando más peso al burocratizar sus procesos administrativos, donde pareciera que se debe documentar cada una de las compras o ventas que realizan, para que en una revisión de CFDI's (facturas), por parte del SAT, se pueda demostrar que sus comprobantes amparan operaciones reales. Como si las micro y pequeñas empresas tuvieran la economía para contratar más empleados.

Lo que más se necesita en este momento no son más castigos, sino más claridad y justicia fiscal. Que el SAT tenga poder, sí está bien, pero con límites y responsabilidad, con una balanza justa. Que no se castigue al que cometió un error, que es de humanos cometerlos, como si fuera un criminal. Que se brinde seguridad jurídica al que sí cumple y no miedo al que solo intenta hacerlo bien.

Esta iniciativa necesita revisarse con lupa antes de aprobarse. La autoridad no puede ser juez y parte. Si el Congreso aprueba estas modificaciones tal como están, sin establecer mecanismos reales de defensa, se va a generar una nueva ola de incertidumbre. La intención de la iniciativa es frenar los comprobantes falsos, pero deberían hacerlo sin criminalizar a quienes mantienen viva la economía del país.

Ojalá que esta vez, antes de legislar, piensen en eso.

M.E.F.I. y C.P. Miguel Ángel Barrón Camberos

Maestro en Estrategias Fiscales

Contador Público

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